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Foto del escritorJulian Gaibor

La falta de procesos judiciales por discriminación racial


La intolerancia y los prejuicios raciales todavía no logran desagregarse de las problemáticas sociales del país; con distintas magnitudes y escenarios, personas que se identifican con algún sexo, etnia, identidad de género, orientación sexual, entre otras. Se ven vulnerables ante comentarios despectivos, burlas, acoso verbal y psicológico e incluso agresiones físicas.


El artículo 177 del Código Integral Penal ecuatoriano, determina que: “La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural […] será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”


Según el Informe Alternativo CERD 2017 de la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar. “existe un total desconocimiento sobre casos de delitos raciales por parte de los judiciales. El Estado no cuenta con personal capacitado y especializado que pueda encargarse de la prevención, investigativa y sancionatoria frente a casos de delitos de discriminación racial”, a esto se suman las estadísticas ambiguas sobre el tema y el escaso apoyo de los medios de comunicación con programas informativos o preventivos sobre el tema.


El conocimiento sobre este tipo de delitos es clave en dos aspectos: primero para la prevención de los mismos y segundo para generar una cultura de denuncia. La vulneración de derechos no solo afecta al sujeto discriminado, los daños colaterales de esta problemática se presentan en el entorno familiar y social al que pertenece. La discriminación racial es y será una lucha constante para los gregarios que defienden los derechos colectivos de todos y todas.

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